Han tenido que pasar dos años y un mes
para que se conozca el anteproyecto que modificará la ley del aborto aprobada
en el 2010 por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Desde mi experiencia
de más de 10 años trabajando atendiendo a mujeres que afrontan un embarazo en
una situación complicada, he de afirmar que el anteproyecto presentado por Ruiz-Gallardón
es, en la práctica, exactamente igual que la ley del 85 y la ley del 2010.
Bajo el contradictorio título de «Ley Orgánica para la Protección de la Vida
del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada», el gobierno presenta
una modificación de 21 páginas a la «Ley Aido» que, en esencia, sigue
permitiendo el aborto libre aunque se hablen de dos supuesto.
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| Borja Montoro |
Entre 1985 y el año 2010, más de
1.600.000 mujeres decidieron abortar. De ellas el 96,77% se acogieron al
supuesto de «daños físicos y psicológicos para la madre» -conocido como
supuesto terapéutico-, que permitía el aborto sin límite de plazos. Igual que
con la reforma planteada por el gobierno de Mariano Rajoy, únicamente hacía
falta un dictamen emitido con anterioridad al aborto elaborado por un médico de
la especialidad correspondiente. El supuesto más recurrido por el de
las embarazadas era el de «daños psíquicos para la madre», para lo que era
necesario un informe siquiátrico. La realidad es que, como han venido
denunciando los propios psiquiatras, se falseaba la realidad y, alegando daños
para la salud psíquica, en España se abortaba sin problemas y sin
importar la semana de gestación. La Ley del 2010 vino a demostrarlo
al descender de un 96,77% de mujeres que alegaban riesgo para la salud física y
psíquica a un 2.86%, ya que con la última ley hasta las 14 semanas se podía
abortar sin acogerse a ningún supuesto y no era necesario alegar, falsamente,
estos supuestos daños para la madre. En este momento el 89,58% de las
mujeres que abortan lo hacen sin necesidad de alegar problemas de salud o
malformaciones, simplemente haciendo uso del «derecho al aborto». Ahora, con la
reforma, volverán a acogerse al supuesto terapéutico con informes que nadie va
a controlar. El único cambio significativo es que con este supuesto únicamente
se podrá abortar hasta las veintidós semanas de gestación. Rara vez una mujer
espera tanto tiempo.
Otros cambios positivos que plantea la reforma -por lo menos en la teoría-,
es que desaparece el supuesto eugenésico -aunque en la práctica siempre se
podrá abortar por malformación alegando daños para la madre-, se contempla
llevar a cabo un parto inducido a partir de las 22 semanas y que las menores
precisarán de un consentimiento de los padres hasta los 16 y de un «asentimiento»
entre los 16 y 18 años. La realidad es que muchas veces son los padres quienes
obligan a las menores a elegir el aborto. Igualmente, es positivo que se hable
del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Lo que
no cambia es la financiación de los centros que practican el aborto. La
administración pública seguirá haciéndose cargo y, aunque está
prohibida la publicidad de los centros donde se practican los abortos, desde la
red de salud pública se seguirán remitiendo a las mujeres a los centros
privados en un 96% de los casos.
La reforma planteada marca que deben
pasar siete días desde el momento en el que la mujer recibe la información
-hasta ahora un sobre con información jurídica que rara vez se llegaba a abrir-
y el momento en el que se practica el aborto. Con la ley actual son tres que,
como seguro que pasará con la reforma, nunca se cumplen.
Quiero aclarar que en estos 10 años
nunca me he encontrado con ninguna mujer que no se sienta obligada a abortar
por una u otra razón. La mujer en el aborto es una víctima que queda marcada de
por vida. Un alto porcentaje de las mujeres que abortan lo hacen ante
la falta de alternativas y, en la mayoría de las ocasiones, por pura
desinformación, a lo que hay que sumar la naturalización del aborto con la
equiparación de este a un supuesto derecho, derecho que con la nueva Ley
desaparece. Por eso, y tras centenares de atenciones, echo en falta que
esta reforma lleve consigo aparejada por un lado una Ley Integral de Apoyo a la
Maternidad y por otro una Ley eficaz y sin recortes de apoyo a las madres con
hijos dependientes. En España sigue sin poderse adoptar a niños nacidos en
el territorio nacional pese a que cada vez son más los españoles que deciden
adoptar. Algo falla en nuestro sistema de adopción.
Nos encontramos ante una reforma
hecha desde el desconocimiento de la realidad del aborto y que no
responde a las necesidades de la mayoría de las mujeres que afrontan un
embarazo en situación de dificultad.
Cartas al Director 24.12.13
Miguel Ángel Maestre Moreno
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